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Los docentes de la enseñanza concertada volvemos a ser, una vez más, los grandes marginados por la Administración educativa. Y no es una cuestión menor ni puntual: es una situación de desigualdad reiterada, injusta e inadmisible que afecta directamente a cientos de profesionales y a sus familias en Melilla y Ceuta.
El convenio colectivo del sector refleja muy claramente cuándo deben abonarse las nóminas de nuestro sector. Venimos de un acuerdo incumplido con los el sector de Enseñanza Concertada de UGT-SP de Melilla y Ceuta por el que garantizaba el pago de los atrasos salariales de 2.024 (+0,5%) en este mes de diciembre. Hoy, ese compromiso ha sido incumplido, con la promesa esta vez por escrito de que será en enero 2.026 más el 2,5% de 2.025 –al igual que el sector Público-
Los docentes de la enseñanza concertada no solo seguimos sin cobrar dichos atrasos, sino que ni siquiera hemos percibido nuestras nóminas en tiempo y forma, mientras que los docentes de la enseñanza Pública sí recibieron el pago el pasado jueves. Esta diferencia de trato resulta incomprensible e injustificable.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué esta diferencia de trato entre docentes que desempeñamos la misma función educativa y asumimos las mismas responsabilidades?
Esta situación transmite un mensaje muy claro y profundamente injusto: que existen docentes de primera y docentes de segunda, en función de la red educativa en la que trabajan. Una distinción que no solo carece de fundamento, sino que vulnera el principio de equidad y el respeto que merece toda la comunidad educativa.
Más allá del agravio profesional, hay una realidad humana que no puede ignorarse. Muchas familias de docentes de la Concertada contaban con ese ingreso para afrontar los gastos propios de estas fechas: compras básicas, compromisos familiares o, sencillamente, los regalos de Navidad para sus hijos. La falta de ese cobro no es un detalle administrativo, es una dificultad real que afecta a la vida cotidiana de muchas personas.
La educación Concertada forma parte del sistema público de educación, y sus profesionales merecen el mismo respeto, la misma consideración y el mismo trato que el resto del profesorado. Cumplir los acuerdos firmados no es una concesión: es una obligación.
Por todo ello, los docentes de la enseñanza concertada alzamos la voz para denunciar esta situación y exigir una respuesta inmediata, clara y justa por parte de la Administración. No pedimos privilegios. Exigimos igualdad, cumplimiento de los compromisos adquiridos y respeto a nuestra labor profesional.
La educación no puede sostenerse sobre la desigualdad ni sobre el incumplimiento sistemático, porque no hay docentes de segunda cuando la responsabilidad es la misma.
