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La actual situación sanitaria, debida a la pandemia del COVID-19, está generando situaciones y decisiones por parte del MEYFP y, en particular de su titular, difícilmente entendibles en lo que se refiere a la enseñanza Concertada.
Partiendo de las declaraciones en las que abogaba por turnicidades, división en clases presenciales y online, en ocupación de los espacios al aire libre para la enseñanza, “burbujas de edad”, ratios,…una serie de ideas cambiantes que han mostrado muy a las claras la falta de objetividad, el conocimiento de la realidad de los centros educativos y, sobre todo, la falta de consenso con los interlocutores sociales de Educación en donde las CCAA han mostrado sus reticencias a las propuestas del MEYFP, y en especial, con el sector de enseñanza Concertada.
Recientemente, el Gobierno ha determinado un presupuesto de 2.000 millones de euros para las necesidades educativas debidas al COVID-19. Este dinero se repartirá entre las distintas CCAA, no sabemos en qué proporción pero, sobre todo y en lo que atañe a la enseñanza Concertada, se desconoce si llegará algo de esta partida ya que, hasta ahora, sólo ha nombrado al sector público. Hemos de recordar que lo sucedido desde marzo es una situación sobrevenida, en la que se han visto afectados todos los sectores productivos de país, por lo tanto, no se debe ni se puede olvidar a la enseñanza Concertada.
Los centros concertados de nuestra ciudad necesitan que, los módulos económicos específicos para mantenimiento y mejora de sus instalaciones, sean incrementados o en su defecto abrir líneas económicas, para poder responder a las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas, en la reincorporación a las aulas el próximo curso, así como, para las de prevención sanitaria para todo el personal trabajador.
Por otro lado, la planificación de los próximos presupuestos generales del Estado (PGE), da a entender que se aproximan congelaciones, si no recortes en las nóminas de los funcionarios públicos. Hemos de recordar que en enero-febrero de 2020 los funcionarios públicos vieron incrementadas sus nóminas en un 2%. Hasta el año 2019 al personal trabajador en pago delegado, también se le incrementaba “de oficio” en el mismo porcentaje, según indica el VI Convenio colectivo del sector. Sin embargo, en lo que llevamos de 2020, aún no se ha producido, por lo que si para los PGE 2021 se determina, por ejemplo, un disminución del 2% en las nóminas de los funcionarios públicos, no se deberá ver perjudicada la nómina del sector en pago delegado.
La enseñanza Concertada tiene el mismo objetivo que el sector Público, la formación de las nuevas generaciones, reconocido tanto en la Constitución como en las distintas leyes educativas, por lo tanto, merece y se debe ayudar cuando las circunstancias lo justifican. Lo sufrido por nuestro país en estos meses y lo que no sabemos que puede suceder en el futuro, así lo justifican.
